Legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, sistema judicial
Se lanzó esta petición
26/05/2022perdiendo la salud en la enorme mayoría de los casos, por tener que litigar años y años dentro de un sistema de justicia que no le reconoce rápidamente sus derechos; perdiendo todo su patrimonio para pagar honorarios de abogados no eficientes y eficientes. El porcentaje de inmuebles recuperados es ínfimo, las usurpaciones anuales se cuentan por cientos de miles: un verdadero "tsunami", como certeramente afirmó un reconocido periodista de investigación cuando le preguntamos.
El usurpado es una víctima que no es reconocida por ninguna de las entidades que tienen como objetivo proteger y representar a víctimas de la delincuencia: Usina de la Justicia, CENAVID, ACIJ, Ministerio de la Mujer, que se obstina en no reconocer a la mujer violentada física y psicológicamente para despojarla de su techo como otro caso más de la violencia de género. Así, los usurpad@s nos hundimos en nuestra desgracia, perdiendo el pasado, que el usurpador destruye al okupar la propiedad;
dejándoles como única salida la acción judicial por vía particular, que requiere altísimas sumas de dinero. No prevee el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de usurpación, alegando que el usurpado "tiene una propiedad": con la que no puede, ni obtener una renta, ni venderla al valor que corresponde, sólo desprenderse de ella a precio vil, ante quien pueda pagar el litigio para recuperarla.
El Estado no apoya la defensa de la propiedad privada, aunque es mandato constitucional y la base de nuestro sistema de gobierno; no reconoce a nuestras escrituras como instrumento fundamental para recuperar rápidamente el inmueble usurpado; no da a conocer la cantidad de denuncias por usurpaciones registradas anualmente en el país, se limita a ignorar los reclamos de las víctimas de este delito,
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Marcelino M. Medina
Todo esto sólo confirmó el tamaño del problema que nos afecta: estamos en medio de poderosos intereses, que el sistema judicial no enfrenta. Es más: éste tiene su propia y fundamental motivación, que afecta directamente a los propietarios de inmuebles usurpados: prolongar las causas hasta el infinito, para cobrar los mayores honorarios posibles, durante el mayor tiempo posible